La libertad de expresión y el ejercicio de nuestros derechos, en general, como ciudadanos asume un doble rol cuando se trata de la exigencia de reformas sociales sustanciales. Por un lado, los procuradores de la justicia social ejercen su derecho a huelga en reclamo de pedimentos que consideramos justos y necesarios, ya sea porque es políticamente correcto, porque es lo que conviene y/o porque es lo que interesa y en otra vertiente estos mismos se convierten en verdugos cuando el ejercicio de protestar a quien verdaderamente perjudica es a aquellos que intentan proteger, a quienes apoyan la causa que al mismo tiempo conforman las víctimas del abuso estatal.
No hay porque explicar el origen de este artículo, el llamado a huelga pautado para el lunes 11 y el “calentamiento” previo que se observa desde hoy, el cual es organizado por organizaciones autodenominadas populares, cuando yo las llamaría populosas son los hechos claves de jugadas oportunas en tiempos de debate electoral. Si las protestas son contra los hacedores y tomadores de decisiones, ¿por qué castigar al peatón o al ciudadano que por las razones que considere, asociado o no a algún sindicato decide seguir trabajando ese día?, parecería que a quien se quiere dañar es a quien ya ha sido injuriado.
Realmente, a la cúspide de la poliarquía (no solo en las estructuras gubernamentales) estas protestas, paros y piquetes solo le afectan mínimamente, pues dañan un poco la percepción de la gente sobre el “bienestar público” y los medios de comunicación archivan por unos días “los gritos del pueblo”, mientras tanto, el servidor público, el hombre de negocios, el líder sindical y la clase privilegiada de esta media isla solo tiene que lidiar durante un día con uno que otro retraso debido a las medidas de seguridad que se adoptan en estas circunstancias y experimentar leves pérdidas en cuanto al volumen de ventas y productividad (solo en algunos casos), incluso es más sencillo y seguro conducir por las principales calles y avenidas sin el peligro que representan los autobuses y carros público.
Sin embargo, el siervo de la gleba tiene que enfrentarse a filas interminables en espera de un “concho” pirata que si es sorprendido trabajando durante la huelga pone en riesgo su vida y la de los pasajeros, exponiéndose al peligro latente pues las paradas del transporte público han sido escenarios dignos de cualquier película de acción de los tiempos modernos, para enfrentarse más tarde al superior inmediato, pues debido a la tardanza podría ser amonestado; los riesgos se intensifican durante las noches, sobretodo en los sectores más calientes, donde la delincuencia hace de las suyas con frecuencia. Tomando en cuenta que los salarios a nivel general no han tenido un incremento sustantivo en los últimos 15 años, cuando se aumenta el costo del pasaje para favorecer a los padres de familia y a los más desposeídos yendo en contra de las disposiciones gubernamentales se olvida el hecho obvio de que el peatón es quien se lleva las heridas de guerra, como si este viviera en otra realidad y los incrementos no les afectaran.
Es por ello que, independientemente del respeto al derecho de huelga y de protestar contra lo que es injusto y la valentía que supone lanzarse a las calles, considero que la forma debe ser variada. Una recomendación a las organizaciones populares es que estacionen sus vehículos al frente de las marquesinas del hogar u oficina de todo aquel contra el que quiera protestar, niéguese a recibir su “fundita”, niéguele su voto, niéguele el participar en actos proselitistas, haga actos de desobediencia civil y no obstaculice el tránsito, queme autobuses y neumáticos, tire piedras ni hiera a todo aquel que se encuentre en el momento equivocado y en el lugar incorrecto, porque al final del día los grandes millones que pierde el Estado dominicano con un día de huelga nada valen para el que gana menos de cuarenta mil pesos mensuales, por el contrario, al defender los intereses de “las masas” colaboran para que caben sus propias fosas.
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