El contexto regional
expresa un cuadro heterogéneo en aras de desarrollo
político, estabilidad, crecimiento económico, conflictos internos y
esencialmente en las manifestaciones de violencia política; provocando momentos
en los que nuestras similitudes son intrascendentes. Las vicisitudes económicas
que afectaron a América Latina desde finales de los 90, así como la posición geopolítica
que ocupa en el Caribe la República Dominicana le ha otorgado siempre a nuestro
país un rol de vital importancia en la búsqueda del mantenimiento de la armonía
en la región.
Los años 90
significaron un reordenamiento internacional. Finalizada la Guerra Fría, la agenda internacional se reevalúa y las nuevas
estrategias de seguridad internacional se enfocan en el plano diplomático y en
políticas de previsión, de ahí que se recurren a un proceso de “cumbres”
alternativas a los foros de la OEA y las naciones latinoamericanas consideran
nuevos tratamientos con la potencia ganadora, Estados Unidos, mediante la búsqueda
de acuerdos comerciales. Como valor agregado, se añaden los procesos de paz en
Centroamérica y los inicios de integración en grupos netamente caribeños o latinoamericanos
que conforman los principales antecedentes de entidades como MERCOSUR, CARICOM,
Grupo de Rio, el SICA, la Comunidad Andina, entre otros.
A partir de 1996 Republica Dominicana reorienta su política
exterior, priorizando la modernización del marco institucional y de los órganos
internos, asimismo se definen nuevas estrategias de inserción y participación
en organismos de la región y del mundo además de estrechar los lazos de amistad
con los demás países de América y el Caribe a través de Reuniones de Jefes de
Estados, de Ministros de Relaciones Exteriores y de Fuerzas Armadas.
Los efectos colaterales de las crisis económicas incrementan
los índices de percepción de inseguridad ciudadana[1], entre otras razones,
debido a que los fondos públicos destinados a los aspectos de seguridad y
defensa del Estado deben ser desviados para subsanar las cifras macroeconómicas
o sub utilizados en estrategias poco eficientes de la lucha contra el crimen. La
distribución del poder global sufrió un revés a partir del 2003, Estados Unidos
y la Comunidad Europea tienen panoramas desoladores para los años venideros, lo
que afecta seriamente las economías de los países latinoamericanos, siendo el
primero uno de los principales socios comerciales de República Dominicana.
Una nueva estructura con rasgos orientales se
instala como el actor principal en la reconstrucción del sistema económico
global. La incertidumbre es palpable y los antiguos estándares no caerán
fácilmente; el retorno al nacionalismo y a las políticas económicas de
tendencia proteccionista en las que han incurrido algunos países en América
Latina son elementos levemente regresivos, pues nunca han constituido un buen
síntoma para un crecimiento económico sostenible y saludable. Este escenario es un ambiente propicio para que las amenazas
transnacionales escapen al control del Estado y favorece al incremento de las
crisis domesticas, como las inmigraciones ilegales, el crimen organizado, el
terrorismo y el narcotráfico. Asumiendo las
palabras del Secretario General de la OEA[2] “la inseguridad pública es hoy día una de
las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y
las posibilidades de desarrollo de las Américas.”
El concepto de
seguridad se ha expandido y con él las funciones asignadas a los organismos encargados
de mantenerla, como son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estos
cuerpos, históricamente subordinados (más allá de lo que la Constitución
señala) a la figura presidencial y vinculados durante ciertos periodos a la
perpetración continua de violaciones a Derechos Humanos han dejado de ser
catalogadas como organismos de represión y ejercen el rol de estabilizadores y
protectores del régimen democrático. Paradójicamente, su vital importancia en el
proceso de consolidación de la democracia ha significado, excepcionalmente, que
su estrecha vinculación con el aparato estatal puede representar una amenaza al
orden constitucional de los
países de la región, tal y como sucedió
en Honduras durante el 2009.[3]
La República Dominicana amerita una revitalización
en el tema de seguridad y defensa; los primeros pasos fueron dados a mediados
de los 90 y la actual Constitución contiene dos
títulos donde reestructura el organigrama actual de las Fuerzas Armadas y crea
nuevos organismos que complementarían su labor, pero no es suficiente. A fin de
que la norma sea eficiente en el terreno, es necesario un largo proceso de
adaptación de la legislación vigente en materia de Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, además de la creación de un número incalculable de leyes que
posibiliten la efectividad de los organismos y no políticas de corto plazo y
carácter represivo, como las que abundan en la actualidad.[4]
Mientras el Estado era actor principal de la escena
política, su seguridad se homologó con el mismo concepto; así, seguridad era
entendida en un contexto más territorial, como la protección de las fronteras
del Estado de agresiones perpetradas por injerencias
extranjeras. Las guerras entre naciones en la región latinoamericana
solo se ven en los libros desde hace mucho tiempo, sin embargo, la carrera
armamentista se incrementa cada año y los cuerpos castrenses adquieren más relevancia
en cuanto al mantenimiento del orden público y la estabilidad gubernamental.
La seguridad nacional adquiere un nuevo significado en
tiempos de paz, el pleno ejercicio de los derechos tienen poderosos enemigos
que socavan la base de sustentación donde el Estado descansaba como actor fundamental,
como podrían ser las consecuencias de los efectos económicos, la inestabilidad
que provocan los desastres naturales, la
incontrolable migración haitiana, el narcotráfico, el incremento de la
degradación medioambiental, el problema energético, la persistencia de la
pobreza y la pobreza extrema, la debilidad estructural del sistema judicial, la
corrupción administrativa, el incremento de la delincuencia a consecuencia de
la deportación de criminales, y la falta de credibilidad y profesionalización
de las fuerzas del orden público.[1]
Según declaraciones de Joseph Tulchin[2] durante el seminario
internacional titulado "Entre el Crimen y el Castigo: Seguridad Ciudadana,
Gobernabilidad y Control Civil”[3], algunos indicadores que
se han tomado en cuenta para verificar el aumento en los índice de inseguridad
son:
–
El aumento de la cantidad de civiles armados
–
La proliferación de agencias de seguridad privada
–
Bajo nivel de tolerancia institucional
–
La incorporación de métodos más militarizantes por
parte de los organismos de control policial.
–
Proliferación de
armas de destrucción masiva en el plano regional y global.
–
Ausencia de
integración de la cultura preventiva y el entorno social
La conceptualización del Estado de Derecho se
refiere a que toda sociedad debe poseer un sistema de normas legales que
permita la convivencia ordenada de sus miembros y que garantice el pleno
ejercicio de sus derechos civiles y políticos, otorgando primacía al respeto de
los derechos fundamentales. Debido a que el rol de las Fuerzas
Armadas ha variado con el paso del tiempo, es obligatorio que la
restructuración de las instituciones castrenses pase por un proceso de reformas
que actualice la legislación vigente y la adecúe a la realidad presente.
[1] “Las FF. AA. Frente a las nuevas amenazas a la
Seguridad Nacional”. Articulo de la Revista de las Fuerza Armadas, el cual
compila el texto integro de la Conferencia ofrecida en marzo del 2009 por el
Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas Tnte. Gral. Piloto, F.A.D. (DEM)
Rafael Peña Antonio, en el Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores
(CODIA).Septiembre 2009. Pag. 4
[2]Dr.
Joseph Tulchin. Ph.D., History, Harvard University; Cambridge University; B.A.,
American Studies, Amherst. Director
del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center.
[3]Realizado por el Programa
Latinoamericano del Woodrow Wilson Center y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, FLACSO, de la República Dominicana, durante los días 4 y 5
de octubre del 2001 con el auspicio de la Fundación Ford.
[1]Kliksberg, Bernardo.
Mitos y realidades sobre la criminalidad en América Latina. Algunas anotaciones
estratégicas sobre cómo enfrentarla y mejorar la cohesión social. Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP), 2007. Pág. 5
[2] José Miguel Insulza, Secretario
General de la Organización de Estados Americanos. Discurso ofrecido durante la
Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública en las Américas. 4
de noviembre, 2009. Santo Domingo, República Dominicana
[3] Recuento periodístico sobre la crisis en Honduras
durante el 2009.
[4]Dammert, Lucia –
Álvarez Veloso, David. Fuerzas Armadas en
seguridad pública. ¿Solución o problema? Revista Nueva Sociedad. Edición de noviembre de 2008. Buenos Aires, Argentina
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